El Ministerio del Interior ha procedido en los últimos días a retirar escoltas a cargos y ex cargos públicos del País Vasco y Navarra, han informado a Ep fuentes policiales. Según precisan, desde el pasado 1 de diciembre, sólo en la comunidad foral se ha iniciado la retirada de protección a una treintena de personas. En la mayoría de los casos se trata de gente que desde hace años no desempeñan ninguna responsabilidad institucional o que permanecen largas temporadas fuera de sus domicilios habituales.
En algunos casos no supone una retirada total de la protección, sino una reducción en el número de escoltas con la que cuentan algunos cargos, sobre todo en los casos que afectan a personas desvinculadas desde hace años de la actividad pública o cuyo riesgo de ser objetivo terrorista es remoto.
Asimismo, también hay situaciones en las que los propios afectados han sido los que de manera voluntaria han solicitado dejar de contar con estos servicios de protección. Este plan de reducción se inició hace meses y se enmarca en cuestiones tanto logísticas como de seguridad.
La fuentes consultadas advierten del elevado coste de recursos que supone el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado asuman de manera directa estos servicios de escolta y apuntan a que paulatinamente estas funciones recaigan cada vez más en escoltas privados aminorando así la inversión de la Administración. Otro factor es la situación creada tras casi un año y medio sin atentados en España y a partir del parón de "acciones armadas ofensivas" anunciado por ETA en septiembre e iniciado a finales de febrero.
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Los constructores de la provincia no están dispuestos a desayunarse cada mañana con que las vallas de sus obras han sido vulneradas y en el interior falta cobre, maquinaria o gasoil. A la difícil coyuntura económica que atraviesa el sector, hay que sumar un repunte de los robos del 7% entre enero y octubre.
La estadística empeora y ha llevado a los responsables de la patronal del sector, Apec, a estudiar la contratación de seguridad privada que vigile las obras. «Vamos a adoptar una serie de medidas para firmar un convenio y ofrecer un servicio de forma ventajosa», señaló el gerente de Apec, José Antonio Martínez. El presidente de la patronal recordó hace días tras una reunión con el subdelegado del Gobierno, que desde que se suprimió la figura del vigilante de obra se han incrementado los robos, con especial incidencia en los trabajos del AVE, lo que convierte la franja atlántica en un caramelo muy apetitoso para los ladrones.
Desde la Subdelegación se han comprometido a incrementar la vigilancia policial y a que los agentes ofrezcan charlas informativas para dotar de nociones básicas de seguridad a los obreros, además de elaborar un decálogo sobre los puntos débiles de los robos. «El material tiene un alto valor en el mercado y se puede transportar, quemar o trocear fácilmente», explica Martínez, que añade que «las personas pueden ser de tipologías muy variadas e incluso grupos organizados».
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
Las Palmas de Gran Canaria. El aumento de la seguridad del patrimonio financiero de los clientes, la oferta de nuevos productos y servicios y el asesoramiento de especialistas en la gestión activa de los recursos financieros son las claves por las que apuesta la banca privada para aumentar el número de clientes.
Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa el director de la oficina de Banif (filial de banca privada del grupo Santander en España) en la provincia de Las Palmas, Manuel Socorro, quien junto al director de Organización de Banif para Andalucía, Canarias y Extremadura, Manuel Sánchez, han presentado un informe sobre el impacto de la crisis financiera en el sector de la banca privada en Canarias.
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Cuando una empresa se enfrenta a acusaciones de violaciones de derechos humanos y tortura contra sus propios empleados, lo único que le queda para no desaparecer es trabajar en una de las zonas más peligrosos del mundo o, simplemente, despedir a sus trabajadores para que sigan haciendo sus sucios oficios en otra empresa. Es el caso de la agencia de seguridad privada Blackwater, condenada públicamente por Hillary Clinton desde los casos de abusos cometidos en Irak, según revelan los cables de la diplomacia de Estados Unidos difundidos por Wikileaks.
Uno de los papeles al que ha tenido acceso el diario The New York Times prueba la presencia de Blackwater en un país aún más peligroso que Irak: Somalia. La agencia propone un servicio exclusivo y que puede interesar a todas las grandes empresas petróleras que viajan por el golfo de Adén: cazar a piratas.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE. La reducción del presupuesto anual de Sanidad de cara a 2011 provocará el recorte en un 30 por ciento de la plantilla de seguridad privada de los hospitales y centros sanitarios de las islas, según denuncia el sindicato CSI*F Autonómico.
El CSI*F explicó que, pese a que aún están "desgranando el nuevo presupuesto, han estimado ya en cerca de un 30 por ciento los despidos del personal de seguridad privada de estos centros, que tendrán menos seguridad en sus diferentes turnos, sobre todo los de tarde y noche".
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