Axis Communications, el líder mundial en el mercado de video de red, ha publicado los resultados de recientes encuestas de Europa y Estados Unidos llevadas a cabo en la industria del Retail sobre la percepción y el uso de la video vigilancia.
Una serie de encuestas1 realizadas en los EE.UU. y Europa ha confirmado que existe una conciencia generalizada de las aplicaciones disponibles para la video vigilancia de red. Las más conocidas son people counting y queue counting con un promedio del 67% de los encuestados en EE.UU. y Europa que han oído hablar de ellas.
Los retailers no sólo tienen en cuenta estas aplicaciones sino que también hay una alta predisposición entre ellos a usar estas tecnologías en el futuro. La mayoría de los encuestados están interesados en las aplicaciones para people counting y hot/cold mapping.
En todos los estudios está fehacientemente demostrado que la razón principal para implementar video vigilancia es la prevención de robos y hurtos, según el 86% de los encuestados.
“Los estudios muestran que si bien los retailers son conscientes de los beneficios en seguridad de la video vigilancia de red, todavía es necesario un mejor entendimiento de los beneficios operacionales. Al aprovechar una gran variedad de aplicaciones inteligentes compatibles con cámaras de red, los retailers pueden beneficiarse con más que la seguridad; incluyendo ideas sobre el comportamiento de los clientes que ayuda a diseñar una mejor experiencia en las compras,” dijo Johan Åkesson, Business Development Director Retail, Axis Communications.
Otras conclusiones interesantes:
• El ‘aumento de personal de seguridad’ fue reportado como el principal efecto positivo de la video vigilancia (66-94%). Otros efectos positivos son una mejor evidencia en caso de un crimen (51%-77%) y menos robos (54%-75%).
• Los usuarios analógicos reportaron experimentar una calidad de imagen pobre mientras que quienes utilizan un sistema basado en IP no sufrieron de este problema en la misma medida.
Axis Communications Fundada en 1984, en Suecia, Axis Communications es una empresa de TI que ofrece soluciones de video vigilancia para ambientes de red en instalaciones profesionales. Líder mundial en su segmento, la compañía se orienta al cambio del video analógico al digital a través de productos y soluciones focalizadas en la video vigilancia y el monitoreo remoto.
Axis opera globalmente en oficinas propias en más de 18 países, en asociación con distribuidores, integradores de sistemas y vía asociados OEM, en 70 países. Los mercados afuera de Suecia cuentan con más del 95% de las ventas, y más de tres millones de cámaras ya fueron vendidas en todo el mundo. Actualmente, sus soluciones son distribuidas en el país por Anixter y Unisol.
FUENTE: www.agenciaorbita.org
La instalación de cámaras de videovigilancia en el Metropol Parasol reabre un debate histórico sobre la legalidad de grabar las calles con este tipo de aparatos. Las leyes españolas sobre esta materia son bastante claras y no permiten a ninguna empresa privada, comunidad o asociación de vecinos o cualquier otro colectivo instalar cámaras de vigilancia orientadas hacia la calle. Sí pueden colocarse en la vía pública pero enfocando la puerta de un negocio o el interior del mismo.
En el caso del Parasol, hay al menos cuatro de las 12 cámaras de seguridad que enfocan a la calle, concretamente al espacio público que queda libre entre la seta que cruza la plaza y la zona del mercado. Para que una cámara de videovigilancia de una entidad privada -en este caso la empresa constructora del Parasol- pueda tomar imágenes de la vía pública deben cumplirse varios requisitos, recogidos todos ellos en la ley 4/1997 y en la instrucción 1/2006.
El primero de ellos es la obtención de un permiso especial que otorga la comisión de videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para ello hay que cumplimentar una serie de trámites, de los que se encarga la Subdelegación del Gobierno. En esta solicitud es necesario explicar detalladamente qué calles serán grabadas y con qué objeto, puesto que la ley sólo permite el recurso a la videovigilancia en los lugares públicos cuando no se puede poner en marcha ninguna otra medida de seguridad. Una vez presentada la petición, la comisión debe deliberar si el proyecto cumple con la legislación vigente o no. Generalmente se tarda una media de dos años para obtener esta autorización.
La segunda condición es que las imágenes estén controladas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional. La grabación no podría estar controlada por una empresa de seguridad privada y ni siquiera por la Policía Local. Fuentes de Sacyr explicaron ayer a este periódico que las cámaras ya están en funcionamiento y están controladas por el jefe de mantenimiento del Parasol y por una empresa de seguridad privada.
El tercer requisito es que la grabación se destruya en un plazo máximo de un mes, salvo que hayan servido como prueba de algún delito y sea aportada al juzgado correspondiente. La cuarta obligación de quienes instalan las cámaras es que el público sea informado "de manera clara y permanente" de la existencia de estos aparatos de filmación, sin la necesidad de especificar su emplazamiento. En el caso de las setas, tampoco se ha instalado todavía ningún cartel que indique al ciudadano que está entrando en una zona videovigilada.
Por último, es necesario también cumplir con un requisito de carácter técnico, que obliga a que las cámaras que filman la calle estén conectadas mediante cableado y no por ondas, con la finalidad de que no pueda haber interferencias promovidas por algún intruso. Las cámaras que graban espacios privados no están sometidas a estas condiciones legales.
FUENTE: www.diariodesevilla.es
La portavoz municipal del Ayuntamiento de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha defendido este miércoles la gestión del concejal de Educación y Deportes después de que el viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, Jesús Valverde, pidiera su dimisión al conocer la denuncia del PP local en la que aseguraba que el sistema de videovigilancia en colegios de la ciudad no funciona desde hace dos años.
De Andrés, que ha subrayado que el asunto en cuestión se encuentra "en vías de solución", ha mostrado su sorpresa por la intervención del responsable regional, al que ha acusado de inmiscuirse en esta cuestión y de no acordarse de Alcorcón "para construir las escuelasinfantiles, para poner en marcha la gratuidad de libros de texto o para implantar las nuevas tecnologías en los colegios y centros educativos", aspectos todos ellos que han requerido de financiación municipal pese a ser "competencia" de la Comunidad de Madrid.
"Se acuerda a la hora de atacar a este Gobierno, desde la demagogia barata y utilizando un tema que demuestra claramente su irresponsabilidad política, como es el tema de la seguridad", ha apuntado la edil socialista, quien ha recomendado a Valverde que "se ocupe de los temas que tiene por arreglar", ya que la educación en la Comunidad de Madrid "es un completo y absoluto desastre".
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Los robos registrados en las últimas semanas varias embarcaciones deportivas o de recreo atracadas en el muelle de Foz centran parte de las conversaciones a nivel local. No ha trascendido información oficial sobre los hurtos producidos en estos barcos, pero sí hay marineros que confirman los robos de cañas y de otros materiales de varias de las embarcaciones atracadas en el pantalán de barcos de recreo instalado en la dársena pesquera.
El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Juan José Lestegás, confirmó ayer la sucesión de robos. Aseguró que los hechos se registraron por la noche y que hubo denuncias. Sin embargo, aseguró que no podía precisar con exactitud cuántos artículos desaparecieron de las embarcaciones. Lestegás aseguró que no tenía constancia de que se produjeran hechos similares en barcos de pesca atracados en la dársena. Con respecto a la vigilancia del muelle, el patrón mayor aseguró que Portos instaló hace semanas unas cámaras de videovigilancia en una parte de las instalaciones portuarias, pero aclaró que es el organismo autonómico el responsable de su funcionamiento.
Operativas
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Pérez ha asegurado este martes que el sistema de videovigilancia en los centros escolares de la localidad acumula "cerca de dos años sin funcionar" debido a que el alcalde del municipio, Enrique Cascallana, "no paga el contrato de mantenimiento" del mismo, cifrado en 25.000 euros anuales, y que el Ejecutivo local "no tiene contratado desde noviembre de 2009".
En declaraciones a Europa Press, el viceconsejero ha considerado "inaceptable" esta situación y ha pedido la dimisión del edil responsable de Educación porque, según ha asegurado, es el Ayuntamiento quien tiene la competencia de la vigilancia "y hacen dejación de un tema tan sensible como son los jóvenes y su seguridad".
"No parece prudente que siga en su puesto y que los alumnos sigan sin vigilancia y sin control", ha señalado el viceconsejero, que ha apuntado, por otro lado, que desde la Comunidad se están haciendo "todos los esfuerzos" para poner en marcha subvenciones y programas para ayudar en las comisiones de absentismo escolar.