El parque de Can Vidalet, frecuentado por pandillas de jóvenes de origen suramericano, tendrá cámaras de videovigilancia a partir de abril para evitar daños en el mobiliario urbano. El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha anunciado un nuevo plan de seguridad en el municipio que incluye registrar con cámaras de vídeo lo que pasa en tres zonas de la ciudad las 24 horas: el parque de Can Viladet, la plaza de Blas Infante y el parque de los Torrents.
Las cámaras comenzarán a ser instaladas desde el próximo mes de abril para evitar que las zonas recién reformadas sufran actos de vandalismo. La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz (PSC), reconoció que se ha detectado la presencia de grupos de jóvenes latinoamericanos organizados en la zona, pero aseguró que la medida no va dirigida exclusivamente a controlar su comportamiento. «Queremos garantizar el buen uso que todos hagamos del espacio público, especialmente porque ha habido obras de mejora con recursos de la ley de barrios y no podemos permitir que se deterioren en poco tiempo. Es cierto que esta herramienta nos ayudará a estar al tanto de lo que pasa con estos grupos, porque nunca se sabe qué puede surgir de fenómenos de este tipo», agregó la alcaldesa.
Pese a la presencia habitual de pandillas de jóvenes latinoamericanos, el ayuntamiento aseguró que la policía local no ha detectado enfrentamientos violentos ni conflictos entre grupos rivales en esa zona recientemente. «Probablemente no se instalen cámaras en todo el parque porque es muy grande pero es posible que sí se coloquen en los lugares frecuentados por estos grupos», detalló la alcaldesa.
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Una empresa que fabrica cámaras de seguridad le entregó un premio a Jaque por implementar el sistema de videovigilancia en toda la provincia. Entrá a la nota y enterate que otros empresarios agradecidos también piensan en premiarlo.
Un diario mendocino publica hoy de manera destacada que una empresa que fabrica cámaras de seguridad ha premiado al gobierno por el sistema de videovigilancia que implementó Celso Jaque en la provincia.
Sugerimos a otras empresas que hacen o pueden hacer negocios con el Estado provincial, que tomen en el ejemplo. Así, en otras jornadas, podríamos encontrarnos con "buenas noticias" como estas:
-Una papelera uruguaya premió al gobierno de Mendoza por ser el único del mundo que entrega blocks de papel a todos sus empleados, sean de planta o contratados.
-Una fábrica de pelotas Jabulani de Pakistán premió al director general de Escuelas de la provincia, Carlos López Puelles, por el programa "Todos con los chicos con su pelota", que distribuye balones a los mendocinos en edad escolar (salas de cuatro años, jardines, primaria, secundaria, Cens e institutos terciarios).
La sección en el Ayuntamiento de Talavera del sindicato STAS-CLM, ha informado de la aparición en el parque de bomberos de Talavera de posibles cámaras ocultas de vigilancia.
Cuenta STAS en nota de prensa que recientemente los bomberos de guardia observaron anomalías en alguna caja de registro de conexión de cables de luz y que llamaron a la Policía Nacional, ante la que presentaron una denuncia.
La Policía procedió a levantar acta de varias cámaras ocultas y presuntamente una de ellas con micro, según consta en atestado efectuado en Policía Nacional al que se refiere STAS, que considera que son hechos muy graves y pide al alcalde de Talavera que “urgentemente de las explicaciones y motivos sobre la instalación de tres cámaras ocultas en el parque de bomberos municipal”.
El sindicato apunta que “aunque es una zona anunciada como videovigilada”, el ayuntamiento ha ocultado estas videocámaras a los trabajadores, ciudadanos, o asociaciones y grupos de colegios, con visitas programadas que se desplazan para conocer las instalaciones y funcionamiento del cuerpo.
Al respecto se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press el concejal de Seguridad Ciudadana, Victorino González, explicando que las cámaras se instalaron en el año 2006 debido a la proliferación de actos vandálicos y de sabotaje en coches "que podían poner en peligro la vida de los trabajadores". El Ayuntamiento espera que "nadie haya manipulado estas cámaras puesto que entonces se pedirían las pertinentes responsabilidades".
Dice que existe total disposición del Consistorio para esclarecer la situación denunciada y ha recordado que en el año 2007 se presentó una denuncia por parte de un grupo de bomberos ante la Agencia Española de Protección de Datos por la existencia de estas cámaras y que dicho organismo emitió un dictamen "completamente favorable".
FUENTE: www.globalclm.com
D. H. H., el hombre que agredió a un funcionario de los juzgados de Langreo el pasado año, aceptó ayer una pena de nueve meses de prisión y el pago de 1.600 euros de indemnización por los hechos de los que se le acusaba. La fiscalía solicitaba, en un principio, una condena de un año y nueve meses, aunque finalmente hubo un acuerdo con la defensa para rebajar la pena, por lo que no llegó a celebrarse el juicio programado para la mañana de ayer, en el Juzgado de lo Penal de Langreo. Sí se mantuvo la solicitud de una compensación por valor de 1.600 euros (400 por las lesiones causadas y 1.200 por las secuelas), que asumió el acusado. Con toda probabilidad, D. H. H. no irá a prisión por la agresión, al tratarse de una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes.
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Los hechos, según recoge el escrito de acusación, se produjeron en mayo de 2010, cuando D. H. H. se cruzó a la salida de los juzgados de Langreo ubicados en la calle Dorado de Sama con un funcionario al que comenzó a increpar. Tras abalanzarse sobre el trabajador judicial, lo empujó contra una pared y comenzó a darle patadas y puñetazos. El trabajador, como consecuencia de los golpes, sufrió policontusiones y una herida en el labio que precisó varios puntos de sutura. Además, el funcionario estuvo dos días incapacitado para desarrollar su trabajo habitual.
La agresión provocó la movilización de los funcionarios de los juzgados de Langreo en demanda de mayores medidas de seguridad. En concreto, tras los hechos, los trabajadores protagonizaron una concentración que se repitió en días sucesivos. La reclamación contó con el respaldo de jueces y fiscales.
La videovigilancia se ha convertido en un medio corriente de investigación, si bien presenta un déficit regulativo tal que debería llamar la atención del legislador democrático. Regulada por la LO 4/1997, contempla la utilización por la Policía de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, así como su posterior tratamiento. La instalación de cámaras fijas se somete a un régimen de autorización en el que intervienen una Comisión, presidida por el Presidente del TSJ correspondiente, que dicta un informe previo vinculante, y el Delegado del Gobierno, que dicta resolución autorizando su instalación.
En cuanto a las cámaras móviles, su funcionamiento se autoriza por el máximo responsable policial provincial previamente al informe de la Comisión que puede revocar tal autorización.
El problema surge cuando se trata de espacios privados, como los domicilios, ya que la única referencia es el artículo 6 que prohíbe su instalación, salvo consentimiento del titular o autorización judicial. En estos casos, afecta la intimidad personal, derecho fundamental estrictamente vinculado a la dignidad de la persona que implica la existencia de un ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana, como ha dicho el TC. Este derecho no es absoluto, por lo que puede ser objeto de restricción. Pero, como recuerda el TEDH, la injerencia debe estar “prevista por la ley”. El Alto Tribunal ha destacado que no basta con le existencia de una mención legal. Ésta ha de reunir exigentes tasas de claridad y precisión, mayores cuanto más relevante sea el derecho fundamental afectado, tanto respecto de los casos en que cabe adoptar medidas injerentes como de las condiciones en que se ejecuta.
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