Los comerciantes de la zona centro de la capital han recibido con satisfacción la decisión del Ayuntamiento de Almería de retomar el proyecto para la instalación de cámaras de vigilancia en las calles más comerciales y del casco histórico. No en vano, era una vieja aspiración de la asociación Almería Centro.
Su actual presidenta, Rosa Ventura, ha hecho una lectura "positiva" del anuncio del concejal de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Francisco Amizian, quien se ha comprometido, de obtener las autorizaciones pertinentes, a ejecutar el proyecto de vigilancia este año. Recuerda que la colocación de cámaras "lleva tres años en cartera y que, para 2010, ya deberían estar las cámaras funcionando".
Se refiere Ventura a todo el proceso que ha sufrido la iniciativa defendida por Almería Centro, asociación que incluso contrató un estudio a la empresa Acisa, que posteriormente le fue entregado al Consistorio de la capital para su ejecución. Aunque el Ayuntamiento llegó a reservar una partida presupuestaria para ello, la instalación de cámaras no obtuvo el consentimiento ministerial. "Cuando nosotros hicimos el estudio, en Málaga ya se estaba haciendo", por lo que Almería Centro espera que, en esta nueva oportunidad, el plan de videovigilancia no tope con normativas de protección de la intimidad que lo devuelvan al cajón. Máxima cuando se han introducido cambios para salvar esos inconvenientes legales.
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El Ayuntamiento ha preparado un nuevo proyecto de videovigilancia con el que espera obtener los parabienes de la Subdelegación · Amizian pretende empezar la instalación antes de las elecciones.
El Ayuntamiento de Almería tiene prácticamente cerrado un nuevo proyecto para la instalación de cámaras de vigilancia en las principales calles del centro comercial y casco histórico de la ciudad, que pronto remitirá a la Suddelegación del Gobierno central con el objetivo de contar con su conforme y comenzar con la instalación de la videovigilancia antes de que finalice esta Corporación.
El proyecto depende de la Concejalía de Obras Públicas y Servicios Urbanos. Es su segunda intentona, después de que un anterior proyecto topara con los inconvenientes legales de la videovigilancia de las vías públicas, que sacaron a esta iniciativa de las previsiones presupuestarias de los dos últimos años.
La situación ahora ha cambiado. Son más las capitales andaluzas que ya han implantado en sus centros históricos estos sistemas enfocados, eso sí, a reducir infracciones viales como aparcamientos en doble fila y, sobre todo, la entrada no permitida de vehículos en calles peatonalizadas. No invaden la privacidad en el interior de las viviendas y sirven, aunque no sea su cometido, como arma disuasoria para delincuentes.
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La videovigilancia se ha convertido en un medio corriente de investigación, si bien presenta un déficit regulativo tal que debería llamar la atención del legislador democrático. Regulada por la LO 4/1997, contempla la utilización por la Policía de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, así como su posterior tratamiento.
La instalación de cámaras fijas se somete a un régimen de autorización en el que intervienen una Comisión, presidida por el Presidente del TSJ correspondiente, que dicta un informe previo vinculante, y el Delegado del Gobierno, que dicta resolución autorizando su instalación.
En cuanto a las cámaras móviles, su funcionamiento se autoriza por el máximo responsable policial provincial previamente al informe de la Comisión que puede revocar tal autorización.
El problema surge cuando se trata de espacios privados, como los domicilios, ya que la única referencia es el artículo 6 que prohíbe su instalación, salvo consentimiento del titular o autorización judicial. En estos casos, afecta la intimidad personal, derecho fundamental estrictamente vinculado a la dignidad de la persona que implica la existencia de un ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana, como ha dicho el TC. Este derecho no es absoluto, por lo que puede ser objeto de restricción. Pero, como recuerda el TEDH, la injerencia debe estar «prevista por la ley». El Alto Tribunal ha destacado que no basta con le existencia de una mención legal. Ésta ha de reunir exigentes tasas de claridad y precisión, mayores cuanto más relevante sea el derecho fundamental afectado, tanto respecto de los casos en que cabe adoptar medidas injerentes como de las condiciones en que se ejecuta.
En las imágenes se aprecia como Pere Puig entra en la entidad vestido de cazador y con un rifle en la mano, y como apunta y dispara a dos de los empleados
Las imágenes de la cámara de vídeo-vigilancia de la sucursal de la Caja Mediterráneo (CAM) de Olot (Gerona) en la que Pere Puig, autor confeso del suceso, mató a dos empleados el pasado 15 de diciembre revelan que efectuó tres disparos en sólo siete segundos.
En las imágenes del crimen múltiple de Olot, publicadas por el diario Avui, se aprecia como Puig entra en la entidad vestido de cazador y con un rifle en la mano, y como apunta y dispara. Dos minutos y medio después, Puig sale de la entidad bancaria y levanta la mano para entregarse a un agente que estaba multando su coche, que estaba mal aparcado.
La Guardia civil ha incoado de oficio un expediente para revocar el permiso de armas de Puig, el vecino de Sant Esteve de Bas (Girona) que mató a un total de cuatro personas con su rifle de caza.
FUENTE: www.abc.es
«Las cámaras siguen ahí veremos si no aparezco algún día en el YouTube»
La captación de imágenes con fines de videovigilancia es una práctica cada vez más extendida en nuestra sociedad. El problema surge cuando la búsqueda de una mayor seguridad choca frontalmente contra el derecho a la intimidad de las personas, debido al claro carácter invasivo de este tipo de sistemas.
De esa forma, el auge en la instalación de cámaras de seguridad en lugares de trabajo o viviendas ha provocado que se agudicen los conflictos entre aquellos que buscan una mayor protección y quienes tratan de proteger su intimidad.
Discusiones vecinales
Esta la situación que sufren los vecinos de muchas comunidades de nuestro país, donde la instalación de cámaras de seguridad no siempre se realiza conforme a la normativa vigente actualmente. «Varios vecinos instalaron cámaras en sus viviendas, algunas enfocando a las zonas comunes y sin ningún consentimiento por parte de la comunidad de vecinos», se queja Alfonso, vecino de una urbanización de chalets de Madrid. «Una incluso apuntaba a la calle donde había situado un colegio infantil», añade. Preocupado porque algunas de las cámaras puedan enfocar a zonas comunes o incluso a las propias viviendas, Alfonso señala que ese tipo de instalaciones no cumple en ningún caso con la Ley de Protección de Datos, que regula el tratamiento y captura de imágenes. «Son instalaciones pirata que no guardan ningún orden», afirma.
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