El autor entrega en esta edición, el segundo y último acercamiento de un completo informe a cerca de la conveniencia de la video vigilancia IP en algunas de las principales ciudades del orbe.

Por Oliver Vellacott *

En la primera entrega el autor hacía referencia a la creciente amenaza de la delincuencia y el terrorismo, así como la necesidad de garantizar la seguridad pública y controlar las infracciones de tráfico, lo cual ha llevado a un incremento en la demanda de vigilancia de alta calidad. Del mismo modo que la supervisión de la videovigilancia debe ser flexible, ampliable y adaptable a los cambios que puedan producirse en el futuro, además de poderse ampliar fácilmente para adaptarse al entorno de los centros urbanos, siempre en continua evolución.

A continuación el autor expone las numerosas funciones y beneficios que el video por IP ofrece para la vigilancia de los centros urbanos.

Sistemas híbridos y migración: Tráfico de Hong Kong
La tecnología de video por IP se ha utilizado para incrementar las funciones del amplio sistema de vigilancia del tráfico de Hong Kong. Se amplió el sistema analógico existente con la adición de 48 cámaras mediante video por IP, para crear una solución híbrida de 250 cámaras completamente integrada. La incorporación de una red distribuida basada en IP ofrece una plataforma para la migración completa a este sistema en el futuro.

La vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó hoy su deseo de que el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería (Zamora) "conozca más en profundidad" el sistema de once cámaras de videovigilancia que se pretende instalar en la comarca de Sanabria con el objetivo fundamental de prevenir los incendios forestales.

El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería acordó ayer en pleno no prestar su autorización para que una de esas cámaras se instale en su término municipal. La instalación de once cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la comarca de Sanabria responde a un programa de la Consejería de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el que se invertirá más de un millón y medio de euros, financiado a partes iguales por ambas administraciones. "Respeto la decisión del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería, no puedo decir otra cosa", comentó la vicepresidenta de la Junta. "No sé si eso es irrevocable o inamovible. Por lo que yo conozco, el alcalde había pedido que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente explicaran más detalladamente en qué consiste el proyecto y no sé si eso puede ser objeto de que se pueda reconsiderar esa situación", dijo. "Los técnicos están siempre dispuestos a estar allí y a explicar el sistema", añadió.

María Jesús Ruiz hizo estas declaraciones en el término municipal de Cernadilla (Zamora) antes de inaugurar la planta de transferencia de residuos urbanos que ha supuesto una inversión de 650.000 euros y con la que el Gobierno autonómico completa el entramado de seis complejos repartidos por toda la provincia.

"Gran sistema"


María Jesús Ruiz, quien recordó que "hay zonas de la Comunidad autónoma donde está funcionando", consideró que "es un gran sistema para prevenir los incendios" y afirmó que "aplicar las nuevas tecnologías a la defensa del medio natural siempre es una buena noticia".

Pedralba rechaza por unanimidad ceder terreno para instalar la cámara de detección de incendios de la Junta. La cámara de Peña El Castello invade suelo portugués y el pueblo luso de Montecino. La Corporación Municipal de Pedralba de la Pradería votó ayer en contra de la instalación de una de las cámaras del sistema de videovilancia para detección de incendios que la consejería de Medio Ambiente quiere instalar en uno de los parques eólicos del municipio. 


La autorización solicitada por la Fundación de Patrimonio Natural, que depende de la Junta, quedó paralizada en esta Alcaldía, por unanimidad, con la totalidad de los votos tanto del Partido Popular en el Gobierno como del PSOE en la oposición. 


Pedralba se convierte en el primer municipio de los 10 afectados por la instalación de 11 cámaras: Porto, Pías, Hermisende (dos torres), Lubián, Pedralba de la Pradería, Trefacio, Robleda Cervantes, Figueruela de Arriba, Cobreros y Asturianos, además de Pedralba. 


El presupuesto para instalar estos nuevos sistema de vigilancia asciende a 1.548.750 euros. Este proyecto se incluye dentro del convenio suscrito para ejecutar el Plan Piloto de Desarrollo Rural entre la Junta De Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El alcalde, José Del Campo del Río, declaró ayer tras el pleno que «no estamos de acuerdo porque dicen que es para el bien del municipio y del medio ambiente, pero no vemos los beneficios que puede suponer». 

El Ayuntamiento de Tarragona apuesta por la videovigilancia. Pese a que inicialmente el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) era contrario a la instalación de cámaras en las calles de la ciudad, el Consistorio tiene previsto ubicar un total de 40 aparatos  por el término municipal a lo largo de este mismo año.

Así lo confirmó al Diari el concejal de Seguretat Ciutadana, Carles Castillo (PSC), quien añadió que las zonas donde se situarán será en la Part Baixa, el Port Esportiu y las entradas de las urbanizaciones de Llevant. «Las cámaras no son la panacea y, lógicamente, deben ir acompañadas de una mayor presencia policial. Personalmente, no soy partidario de llenar las calles de aparatos, pero es una opción y seremos rigurosos y restrictivos», manifestó el representante del ejecutivo local.

La prioridad: La Part Baixa

La zona de la ciudad que lleva más tiempo reivindicando la instalación de la videovigilancia es la Part Baixa. Sobre ello, Castillo manifestó que la corporación local ya ha enviado la propuesta a la conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya para que ésta lo revise y, si lo ve con buenos ojos, lo envíe a la Comissió de Videovigilància de Catalunya, un órgano donde están representados los jueces y el Tribunal Superior de Justícia.

«Hemos aceptado en un 99% el proyecto que nos presentaron los vecinos. Nos hemos adaptado a las exigencias que nos pusieron sobre la mesa», explicaba ayer el responsable municipal. Según la corporación local, cada día transitan por la zona unas 9.000 personas así como unos 3.000 vehículos.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará hoy declaración a los ocho policías del equipo que grabó la cinta del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) cuando se produjo el "chivatazo" que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión en mayo de 2006, en la que hay dos cortes en las imágenes.

El magistrado ha citado como testigos a los ocho operadores que durante todo el mes de mayo de 2006 -el "soplo" se produjo el día 4- controlaban el sistema de vídeo-vigilancia instalado por el equipo investigador que dirigía el comisario Carlos Germán y que iba a realizar la operación policial, que finalmente se frustró.

Esta nueva diligencia se produce después de que el pasado día 23 de febrero los tres guardias civiles autores del informe sobre los cortes en la cinta VHS grabada el día del "chivatazo", ratificaran que esas interrupciones en la grabación no fueron "accidentales" y que se produjeron "intencionadamente" o "por negligencia" de quien operaba la cámara.