Mejorar el desarrollo económico de Cabanillas y "estar preparados" para cuando acabe la crisis. Estos son, a juicio de la alcaldesa de la localidad, Ana Mª Rodríguez, los objetivos de la ampliación del polígono industrial que se ha llevado a cabo con un coste que se acercará a los 4 millones de euros.

El área industrial se sitúa a la altura del punto kilométrico 6,6 de la la carretera NA-126 (Tudela-Fustiñana), junto al núcleo urbano de Cabanillas y se accede al mismo a través de una rotonda de reciente construcción.

Dispone de una superficie total de 343.899 metros cuadrados de los que 244.251 son parcelas industriales. De éstos, 36.000 ya están ocupados por las empresas Pavitusa y Calderería Lauburu, instaladas cuando se acometió la primera fase del polígono, por lo que la ocupación de la instalación es del 14%.

Los tamaños de la treintena de parcelas disponibles oscilan entre los 1.188 y los 11.203 metros cuadrados, y dos de ellas (un total de 14.841) son polivalentes. El precio del metro cuadrado oscila entre los 27,12 y 79,56 euros (sin IVA), según las parcelas.

El Gobierno foral ha desarrollado la ampliación del área industrial a través de la sociedad pública Navarra de Suelo Industrial (Nasuinsa), y el ayuntamiento ha cedido los terrenos.

El presidente de la Gestora de Usuarios del Parque García Sanabria, Abel Román, ha solicitado por tercera vez la legalización de las 24 cámaras instaladas en la zona

MARYORIE GONZÁLEZ Román considera que la presencia policial sigue siendo escasa y no cree que se vaya a mantener a lo largo del año. Por eso, junto a otro grupo de vecinos aprovechan sus paseos para vigilar la zona y de cometerse alguna infracción no dudan en comunicárselo al cuerpo de seguridad. "Nosotros realizamos patrullas informativas en las que aconsejamos a los paseantes y avisamos a la Policía", explica. 

El presidente de las Gestora junto con los más de 2.000 ciudadanos que forman parte de la asociación consideran que la puesta en marcha de las cámaras ubicadas en el García Sanabria es urgente debido a que en el recinto se comenten uno o dos delitos diarios, según sus datos. 

"El problema de estas denuncias es que la mayoría no se refleja en los informes policiales por lo que no llega a la Comisión", explica Román. En este sentido, lamenta que "lo único que interesa a los funcionarios es conocer los números fríos de los delitos". 

Cansados

Para la delegada del Gobierno en Madrid no hay duda: “Galapagar es un municipio seguro”. Ese es el titular de su intervención tras la Junta de Seguridad celebrada en la mañana del miércoles con el objetivo de analizar la situación en esta localidad. Las infracciones han descendido un 22 por ciento en los dos últimos años; el índice de seguridad está 27,6 puntos por encima de la media de la Comunidad de Madrid y 32,42 por encima de la media europea; este mes de enero los delitos han disminuido tres puntos con respecto a enero del 2010; la eficacia policial se ha duplicado y, en los últimos meses, se han realizado 19 operativos especiales de seguridad ciudadana y seguridad vial para incrementar la presencia constante en la calle. Son datos oficiales ofrecidos por la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, tras la Junta Local de Seguridad. “Los ciudadanos pueden sentirse seguros, ya que el trabajo de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Local ha tenido un gran éxito en los últimos dos años”, manifestó la delegada, quien destacó el hecho de que en este tiempo se ha duplicado el número de efectivos de la Guardia Civil en la localidad. Esto, dijo, “significa más eficacia y más seguridad”.

Datos positivos
Los datos, indicaron luego fuentes municipales, “son positivos y avalan la excelente gestión que se está llevando a cabo en Galapagar, pero todos los esfuerzos ahora están puestos en la propia sensación de seguridad que tienen los vecinos”. También se manifestó en una línea parecida la propia Amparo Valcarce: “Se sigue trabajando intensamente para que los ciudadanos se sientan seguros, una sensación que se potencia a través de operativos especiales e incremento del número de efectivos, con mayor presencia de los cuerpos de seguridad en la calle”. Así, en los últimos meses se han llevado a cabo 11 operativos especiales de seguridad ciudadana, a los que se suman otros ocho de de seguridad vial. Prueba del esfuerzo de la Guardia Civil por “estar en la calle”, indicó la delegada, es el hecho de que sólo en el último mes los agentes han realizado “más de 26.000 kilómetros en el municipio de Galapagar, todo ello en una actuación de presencia constante para que no sólo se ofrezcan buenos datos, sino que los ciudadanos puedan sentirse seguros”.

Los ocho policías encargados de la videovigilancia del bar Faisán el día delchivatazo (4 de mayo de 2006) comparecerán el próximo miércoles ante el juezRuz, que quiere despejar cualquier duda sobre los cortes que presenta la grabación. El informe de los peritos de la Policía establece tres hipótesis probables para explicar los “saltos”: que hubiesen sido provocados por agentes externos, de manera accidental o por deterioro de la cinta, sin inclinarse por ninguna de ellas. En cambio, los peritos de la Benemérita se inclinan por la tesis de la manipulación como la “más probable”. El magistrado quiere que los policías le aclaren si en algún momento rebobinaron o manipularon la cinta

La existencia de estos cortes ha sido esgrimida por las defensas de los tres imputados en la causa para sembrar la duda de la posible manipulación de la grabación. Sin embargo, los cortes no son exclusivos del día 4; otros vídeos con grabaciones de días previos y posteriores al de la filtración también tienen cortes. Éstos, además, no afectan al momento en el que los investigadores sostienen que se produjo el chivatazo: las 11:23 horas.

Informe secreto


El juez mantiene aún en secreto un último informe ampliatorio del responsable de la investigación en el que se ve al inspector José María Ballesteros, uno de los imputados, entrar y salir del Faisán en el tramo horario de la filtración. El teléfono del policía aparece, además, posicionado en el repetidor de Zaisa, que da cobertura al bar.

Las instalaciones portuarias de Foz y Burela están vigiladas desde hace varios días por varias cámaras de vídeo. Portos de Galicia optó por instalar estos medios para garantizar que en las instalaciones de ambos puertos hubiera vigilancia las 24 horas del día.

El presidente de Portos, José Manuel Álvarez-Campana, comprobó el miércoles in situ el funcionamiento de estas cámaras en el muelle focense. Desde el departamento de prensa de este organismo confirmaron ayer que las cámaras instaladas en ambos puertos ya están operativas desde hace varios días. Con esta medida se intenta evitar robos o ataques a embarcaciones y al mobiliario público.

El presidente de Portos también visitó el miércoles las instalaciones de Armadores de Burela, donde los armadores solicitaron mejoras en las instalaciones portuarias.  

Espigón de abrigo

En este sentido, el diputado socialista Ismael Rego solicitará hoy en el Parlamento al Gobierno gallego que ponga en marcha la prevista ampliación del espigón de abrigo del puerto de Burela y la construcción del puerto deportivo en la zona de tierra (A Pasada das Cabras). El parlamentario recuerda que además de la ampliación del puerto comercial, la Xunta se había comprometido con los agentes económicos que operan en el puerto a ampliar el dique de abrigo para establecer la seguridad en las zonas de atraque y facilitar la construcción de un nuevo puerto deportivo «co fin de dotalos de puntos de amarre suficientes».

FUENTE: www.lavozdegalicia.es